La ejecución del proyecto de TransMilenio por la Carrera Séptima, cuyo origen reciente se remonta a 2017, ha cruzado una línea roja hacia el uso indebido de funciones públicas y la persecución política. La controversia ha tomado un giro importante tras la denuncia de la concejala Heidy Sánchez, quien reveló presuntas prácticas antidemocráticas por parte del IDU y el Consorcio Vial del Norte para fabricar un respaldo ciudadano inexistente.
Sabotaje y Montajes Contra la Protesta
Según la denuncia, se estaría presionando a trabajadores de las obras para cumplir tareas ajenas a sus funciones: conseguir personas que hablen falsamente a favor del proyecto y sabotear los plantones convocados por la ciudadanía. Estas tácticas no solo vulneran el derecho fundamental a la protesta, sino que exponen una estrategia de "montajes" para simular una aceptación social que el proyecto no tiene en los barrios. Esto se suma a la estrategia de crear conflictos clasistas y la fabricación de relatos según los cuales quienes se oponen son solo unos riquillos o antiprogreso, al tiempo que ignoran las solicitudes concretas de vecinos de barrios populares.
Vigilancia y "Caza" de Voceros
Este ambiente de sabotaje coincide con lo vivido el pasado martes 5 de mayo en la Calle 111, donde funcionarios de la alcaldía fueron identificados realizando registros audiovisuales de los manifestantes. Esta práctica de vigilancia, advertida por la Personería de Bogotá como una extralimitación de funciones, se suma a la denuncia de Sánchez sobre el uso de recursos y personal para hostigar el disenso legítimo.
Perfilamiento y Censura al Activismo
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado cómo la pauta oficial funciona como una "influencia oficiosa" que silencia a los referentes técnicos en los medios. En paralelo, el aparato distrital ha recurrido al social listening para deslegitimar a los líderes sociales.
Uno de los fundadores y actual vocero del comité "Defendamos la Séptima", Sebastián Rojas, ha sido blanco directo de esta persecución. Funcionarios han hurgado en su pasado político juvenil para intentar invalidar su ciudadanía, ordenando a los medios apagar los micrófonos en espacios de debate público para evitar que los argumentos técnicos lleguen a la opinión pública. También, voces técnicas importantes que son referentes para la causa han visto limitada, e incluso vetada, su difusión en medios por intereses de pauta oficial.
Un Proyecto sin Licencia Social
Lo que comenzó como una alerta por la tala masiva de árboles se puede convertir en una crisis de derechos civiles. Mientras la administración es señalada de presionar a trabajadores y orquestar sabotajes, la ciudadanía sigue exigiendo una investigación exhaustiva de la Personería. En la Séptima, el Distrito parece haber sustituido los argumentos técnicos por una estrategia de perfilamiento y montajes que pone en jaque la democracia local.